Entre las cuestiones avanzadas en el anterior comentario resaltaban especialmente las atinentes a cuestiones relacionadas con nuestra Constitución.
Pero al margen de las posibles enmiendas de la Carta Magna existen una serie de asuntos que tiene una importancia democrática dignas de revisar y remodelar.
Un caso que erosiona nuestra democracia es la existencia de tantos cargos de confianza.
Los cargos de confianza y los asesores pueden tener una función legítima: proporcionar apoyo técnico, jurídico o político a quienes tienen responsabilidades de gobierno.
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Cuántos son realmente necesarios y que funciones desempeñan? El abuso de estos nombramientos por parte de los partidos políticos genera una confrontación entre la profesionalización de los distintos cargos y la concentración del poder político.
Sería conveniente diferenciar entre un asesor de confianza y un funcionario de carrera. En determinadas circunstancias puede que sea necesario la designación de un asesor por sus especiales conocimientos sobre una materia determinada, pero se debería verificar que no existe ese perfil dentro del funcionariado de carrera.
La profesionalización no debe significar que los técnicos sustituyan a los representantes elegidos. Los políticos tienen la legitimidad democrática para fijar las prioridades y las políticas públicas. Los profesionales deben aportar competencia, imparcialidad y rigor en su ejecución.
En casos como el PSOE, que ha llegado al poder después de hipotecar su gobierno con dádivas generalizadas por toda España, es mas que probable que esas designaciones tengan mucho que ver con la recompensa de fidelidades políticas.
En nuestro sistema democrático no existen mecanismos de trasparencia y control sobre la contratación y nombramientos de los cargos de confianza. Pero la confianza política no debe convertirse en una vía paralela de acceso al empleo público, ni en una herramienta de consolidación de las estructuras partidistas.
Este es uno de los agujeros de nuestra democracia imperfecta: cuando los representantes se convierten en propietarios del poder.
La cuestión no es afirmar que todos estos nombramientos sean ilegales. Muchos pueden ser perfectamente legales. El problema es su legitimidad democrática, su necesidad real, su coste y la posible subordinación del interés público al interés partidista.
La consecuencia de todos estos nombramientos es la colonización de las instituciones que están regidas, en muchas ocasiones, por personal incompetente cuando no se convierte en foco de malversación de los fondos públicos.
En una democracia, los cargos públicos deben responder a las necesidades de los ciudadanos y a la eficacia de las instituciones.
La Administración pública no debería ser una prolongación de los partidos políticos. Su función es garantizar la continuidad del Estado, la prestación de servicios y la aplicación objetiva de las leyes, independientemente de quién gobierne.
De igual manera cabe preguntarse ¿para qué son necesarios 350 diputados y otros tantos en el Senado?
Es difícil conocer que funciones desempeña cada diputado y hasta que punto existe una verdadera actividad parlamentaria individual. Su presencia en las camaras está mas vinculada a las estructuras de los partidos que a la representación de los ciudadanos.
Sería perfectamente posible reducir el numero de diputados sin que se viera afectado la representación territorial y el pluralismo político. Indefectiblemente, si su reducción fuera posible la consecuencia inmediata sería una reducción considerable del gasto público.
Comenzábamos nuestro comentario preguntándonos si las deficiencias de nuestro sistema democrático podían encontrarse en el contenido de la CE o en el comportamiento de los partidos políticos.
Reconociendo que nuestra Constitución fue redactada con un ánimo diferente al que muestran los partidos de la izquierda española. Es indudable que la degradación de nuestro sistema democrático es debida a las prácticas del PSOE.
Si un partido que gobierna adopta determinadas prácticas —por ejemplo, el reparto de puestos por afinidad, la utilización partidista de instituciones y la ignorancia de los controles democráticos —, el daño no necesariamente queda limitado a ese partido, sino que se produce un deterioro institucional y una desafección ciudadana en la que los ciudadanos concluyen que el sistema está diseñado para proteger a los políticos y para servirles.
El verdadero peligro de la degradación de las prácticas políticas de un partido no reside únicamente en el daño que pueda ocasionar mientras ejerce el poder. Reside en que sus actuaciones se conviertan en precedentes, sus métodos sean asumidos por sus adversarios y sus comportamientos terminen configurando una nueva normalidad política. En ese momento, el mal deja de ser patrimonio de un partido para convertirse en una enfermedad del sistema. Y cuando el sistema se deteriora, la víctima final no es la oposición ni el Gobierno: es la sociedad española y su propia democracia.
Continuará
