Aprovechando que nos encontramos en un proceso electoral parece un buen momento para revisar algunas de las imperfecciones de nuestra democracia.
Conforme vamos avanzando en nuestra experiencia democrática se hacen mas evidente las deficiencias de nuestro sistema político. Hoy en España a cambio de la libertad hemos perdido buena parte de los logros que se habían acumulado en nuestra transición.
Son muchas las aristas que se presentan cuando uno trata de profundizar en las cuestiones de las que adolece nuestro sistema democrático y que descubrimos en el día a día, con no poca nostalgia de tiempos no muy lejanos.
La enorme duda es si los problemas actuales de España debemos imputárselos al conjunto de leyes de nuestro sistema o, simplemente, pueden achacarse a la actuación de unos políticos, o a unos partidos, que pretenden dinamitar nuestro sistema y nuestra convivencia.
Habría que concluir si la democracia actual es un sistema que realmente permite a los ciudadanos ejercer el poder, o se ha convertido en un sistema en el que los partidos políticos administran, concentran y perpetúan ese poder.
No se trata de criticar a los partidos políticos dentro de la democracia, sino de cuestionarnos el funcionamiento del sistema representativo, sus imperfecciones y las posibilidades de reformarlo.
La democracia es, probablemente, el sistema político que mejor permite conciliar libertad, pluralismo y participación ciudadana. Pero eso no significa que su funcionamiento actual sea perfecto, y por tanto, susceptible de cambios sustanciales.
Uno de los primeros aspectos que deberíamos someter a revisión versa sobre la soberanía nacional. El articulo 1.2 de nuestra CE establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y sin embargo, observamos que el poder real lo ejercen los partidos políticos.
No se trataría de eliminar la política, porque toda sociedad necesita instituciones y representantes. Se trataría de impedir que la representación política termine sustituyendo a la soberanía ciudadana.
Esta transmutación de la soberanía del pueblo a la política tiene su esencia en la transformación del estatus del diputado, que siendo el representante de los ciudadanos se convierte en representante de la disciplina de su partido durante el periodo de cuatro años en los que está limitada la participación popular para votar.
Bastaría con reforzar la independencia de los diputados respecto de las cúpulas de los partidos para conseguir que su representación se acercara mas a los intereses de la ciudadania lo que también significaría una mejora en los mecanismos de iniciativa legislativa popular.
Una cuestión de verdadera importancia en nuestro sistema democrático es la posibilidad de que una minoría parlamentaria, mediante pactos, condicione decisiones que afectan a una mayoría de españoles. Convirtiendo lo que sería un respeto de las minorías en una arbitrariedad democrática. Por eso mientras esas representaciones marginales deberían regularse para evitar esos efectos desastrosos para la mayoría de la ciudadania.
También es necesario estudiar fórmulas de rendición de cuentas de los representantes y establecer mayores controles sobre el ejercicio del poder ejecutivo.
Así como limitar la discrecionalidad en los nombramientos políticos. Incluso incorporar mecanismos de consulta ciudadana en la medida que lo permita la Constitución para implementar sistemas de democracia directa o deliberativa. Con el objetivo de evitar decisiones de especial trascendencia, como ha sido el caso de la decisión del Presidente del Gobierno en relación con la autonomía del Sahara.
Dentro de nuestro sistema democrático deberían existir mecanismos eficaces para exigir responsabilidades políticas. Bien por actuaciones de los dirigentes, o de los partidos políticos, que supongan un alejamiento de sus programas de gobierno, o una vulneración constitucional.
Esa exigencia de responsabilidad debería ampliarse a actos, o decisiones, contrarias al interés general. Gobernar sin Presupuestos Generales del Estado, o sin el sometimiento al control parlamentario.
La muestra de la apropiación del poder político en nuestra democracia da testimonio el hecho de que los ciudadanos solo parecen tener un poder decisivo el día de las elecciones, mientras que los políticos ejercen el suyo de forma permanente.
La democracia española no necesita necesariamente más política, más partidos ni más estructuras de poder. Necesita unos políticos que entiendan que el poder no les pertenece, que los representantes no son propietarios de la voluntad popular y que las instituciones existen para servir a los ciudadanos, no para garantizar la supervivencia de quienes las ocupan.
Esta apropiación de la soberanía popular, por parte de algunos partidos, tiene como resultado la polarización de la sociedad. Es tal la dimensión que ha adquirido la confrontación en España entre bloques políticos que, en ocasiones, la conservación del poder se sitúa por encima del interés general. Un ejemplo claro es la confrontación permanente en las renovaciones de determinados organismos como el del Consejo General del Poder Judicial, o el Tribunal Constitucional.
Por parte de la ciudadanía es tal el grado de polarización que generan los partidos que el voto de muchos de los españoles está condicionado por el rechazo al bloque contrario. De ahí la utilización de la división social como instrumento electoral.
Quizá sea oportuno preguntarse si ¿estamos ante una democracia en la que los ciudadanos eligen libremente un proyecto político o ante una dinámica en la que una parte importante del electorado vota, fundamentalmente, para impedir que gobierne el otro bloque?
Continuará..
Al margen de las cuestiones orgánicas de nuestra Constitución cabe preguntarse para qué son necesarios 350 diputados.
Es difícil conocer que funciones desempeña cada diputado y hasta que punto existe una verdadera actividad parlamentaria individual. ¿Su representación está al servicio del ciudadano o de las estructuras de los partidos?
Sería perfectamente posible reducir el numero de diputados sin que se viera afectado la representación territorial y el pluralismo político. Indefectiblemente si su reducción es posible la consecuencia inmediata sería una reduccion del gasto público de verdaderas dimensiones.
Debería exigirse una justificación objetiva de la dimensión del Parlamento y de la eficacia de sus miembros.
