Entre los fenómenos tecnológicos que nos han llegado de la mano de internet, sin animo de exclusividad, tenemos la incursión en nuestras vidas de la Redes Sociales (RRSS) y de la Inteligencia Artificial (IA). Estos fenómenos tan extendidos en la sociedad actual están ocupando, o mejor dicho, están desplazando a los medios habituales de información.
No hace muchos años el ciudadano recibía información a través del periódicos, la radio y la televisión. Hoy cualquiera puede convertirse en emisor a través de las RRSS. Y esta democratización de la información tiene una cara positiva, pero también permite que la mentira, la propaganda y la manipulación se propaguen a una velocidad extraordinaria.
El uso de las RRSS con el apoyo de la IA está generando determinados contenidos que los ciudadanos tenemos verdaderos problemas para diferenciar la verdad, de las noticias falsas o de propaganda intencionada. Con la inevitable consecuencia de que pueden crear opinión en gran parte de la ciudadania.
Sería deseable que las RRSS sirvieran para el loable propósito de informarnos o de comunicarnos entre nosotros, pero hoy las RRSS no se limitan a informarnos. Las grandes plataformas se encargan de seleccionar lo que vemos, condicionan lo que pensamos que es importante y pueden terminar modificando nuestra percepción de la realidad.
Inmersos en este nuevo escenario cabe preguntarnos ¿ Si en las RRSS vale todo o deben existir algunas limitaciones?
A diferencia de los emisores de información tradicionales que están sometidos al derecho de rectificación, si así lo determina un juez, un ciudadano a través de las RRSS puede mentir y no pasa nada.
Esta libertad de expresión nos sugiere la pregunta de si estamos ante un marco jurídico que garantiza y protege la verdad, o por el contrario, es posible el uso de las RRSS para confundir y manipular a la sociedad?
Las RRSS no tienen un régimen jurídico de «todo vale», pero sus limites son tan tolerantes que una opinión no tiene que ser verdadera para estar protegida por la libertad de expresión.
Tampoco existe un derecho general a exigir que se elimine toda información falsa, manipuladora o ideológicamente sesgada.
El ciudadano tiene derecho a opinar y si piensa que el Gobierno no está llevando a cabo una gestión determinada, puede decir «El gobierno lo está haciendo fatal «. Y esto es una opinión y como tal no es perseguible.
Otra cosa es afirmar hechos. Aquí cambia el escenario. No es lo mismo decir «Creo que este político es corrupto» que «Este político ha recibido 200.000 euros de una empresa».
La diferencia de una y otra manera de plantear la cuestión, independientemente de que el comentario sea verdad o mentira, es si utilizamos el verbo creer. En ese caso, lo comentado se convierte en opinión, y por tanto, amparada en la libertad de expresión del Art. 20 de la CE. Sin evitar que el destinatario capte el mensaje en toda su intencionalidad.
En España no existe, con carácter general, un delito consistente en «publicar una noticia falsa». Dependiendo del contenido y las circunstancias, una falsedad puede tener consecuencias jurídicas diferentes: afectar al honor; constituir una calumnia o injuria; o quedar, sencillamente, dentro de la libertad de expresión.
Por tanto sin interés en valorar el vacío normativo de las RRSS la realidad es que cualquier ciudadano puede comentar lo que quiera a través de las mismas sin que exista la mas mínima posibilidad de perseguir la verdad, o de evitar la manipulación.
La proliferación de esos contenidos en las RRSS está produciendo en los ciudadanos una falsa sensación de conocimiento. Es tal la cantidad de información superficial que nos llega que el ciudadano ve diariamente: titulares, vídeos, comentarios, memes, entrevistas y fragmentos de discursos, que al cabo de unos meses tiene la sensación de que sabe mucho sobre política. Aunque quizá solamente ha acumulado opiniones.
Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y, al mismo tiempo, nunca ha sido tan fácil confundir información con conocimiento.
Por eso las RRSS tienen más éxito en la medida que los ciudadanos desconocemos ciertos temas. Para detectar que una explicación es incorrecta, primero necesitamos tener determinados conocimientos que nos permitan reconocer el error.
Una persona que sabe poco de economía, de derecho, de inmigración, de política internacional o de historia puede encontrarse con un vídeo de 40 segundos en el que alguien habla con enorme seguridad sobre uno de esos temas y puede convencerle por cuestiones al margen del contenido. Basta que quien habla le parezca seguro, que utilice palabras contundentes o que miles de personas lo hayan compartido para parecerle creíble. Esto funciona especialmente bien con personas que desconocen el asunto.
Hay otro aspecto que me parece tan problemático como la libertad de contenidos y es el uso de esos mismos contenidos amparados en el anonimato de quien los emite.
Hoy un particular puede crear una cuenta bajo un pseudónimo que le permitirá proteger la privacidad; denunciar abusos; incluso facilitarle determinadas formas de libertad de expresión. Pero también puede utilizarla para: difamar; acosar; amenazar; crear campañas coordinadas; hacerse pasar por otra persona o difundir información falsa.
Esta posibilidad de esconder la identidad del emisor seguro que obra de acicate en la enorme difusión que han alcanzado las RRSS. ¿Puede un ciudadano manipular la opinión pública sin identificarse formalmente y sin cometer ningún delito?. El uso de las RRSS hoy permite a una persona difundir una interpretación sesgada, exagerada o emocional de un acontecimiento sin cometer necesariamente ningún delito.
Razonablemente el futuro de las RRSS debe pasar por superar este vacío legal y garantizar cada comentario con la identidad de su autor. El Derecho y la Tecnología tienen como reto facilitar el futuro y la continuidad de las RRSS.
Al hilo de lo que venimos comentando sobre el uso de las RRSS, quizá otro de los efectos mas significativos sea el de la manipulación de los ciudadanos.
Las redes sociales han democratizado la capacidad de opinar, pero también han democratizado la capacidad de manipular. Hasta el punto de que para manipular no hace falta necesariamente mentir.
Se está produciendo un cambio radical en la comunicación. Estamos pasando de un control de la información en base a la protección del honor y la dignidad de las personas constitucionalmente protegido, a la posibilidad de que nuevos emisores puedan crear contenidos con otros propósitos como es la manipulación.
Incluso el Gobierno ha encontrado en las RRSS una herramienta para manipular a las personas. Un ministro como Oscar Puente utiliza las RRSS casi a diario para trasladar opinión a la ciudadanía como muestra de la capacidad de manipulación de la herramienta.
La política ha descubierto que ya no necesita convencer necesariamente mediante argumentos. Puede intentar provocar emociones. Un mensaje que provoca indignación tiene muchas más posibilidades de ser compartido que uno que exige diez minutos de lectura. Y esto tiene consecuencias políticas enormes.
Por ejemplo, si durante semanas una persona recibe exclusivamente noticias de que Marruecos no tiene nada que ver con la invasión de Ceuta, llegará probablemente a considerar que la cuestión de la invasión no constituye el principal problema de su entorno, aunque estadísticamente la situación diga lo contrario.
Otro ejemplo: Imaginemos que alguien publica diez datos verdaderos sobre un político, pero selecciona exclusivamente aquellos que permiten construir una determinada conclusión y oculta deliberadamente otros diez datos relevantes. ¿Ha mentido? Quizá no ¿Ha manipulado?Probablemente sí.
Introduciéndonos en la esfera de la IA, podemos imaginar que alguien fabrica un vídeo aparentemente auténtico en el que un candidato dice algo que jamás dijo. Esto es un problema diferente a una opinión política. Si, además, se distribuyen simultáneamente miles de publicaciones desde cuentas aparentemente independientes, podemos pasar de la libertad de expresión individual a una auténtica operación de manipulación coordinada.
Y aquí nos aparece otra otra cuestión. Que algo sea manipulador no significa automáticamente que sea ilegal. El Derecho puede perseguir determinados contenidos ilícitos, pero tiene enormes dificultades para perseguir la manipulación de la percepción.
Finalizando el comentario son varias las cuestiones que se plantean ante el uso de las RRSS: ¿Debe existir responsabilidad por lo publicado y compartido? ¿Puede el ciudadano decir cualquier cosa en una red social?
Con todo y con ello el mayor peligro de las redes sociales para la democracia no es que se difundan mentiras. Es que pueden conseguir que el ciudadano deje de distinguir entre conocer, creer y sentir.
La existencia de grandes plataformas está jugando un papel decisivo en lo qué vemos y de que nos informan. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea no establece simplemente qué puede decir un ciudadano. Regula también cómo deben comportarse las grandes plataformas digitales.
Y esto cambia bastante el panorama. La normativa presta especial atención a los riesgos derivados de la amplificación de contenidos ilícitos, a riesgos para los derechos fundamentales, pluralismo de los medios y procesos electorales. Las plataformas muy grandes tienen obligaciones específicas de evaluación y mitigación de esos riesgos.
Es decir: La Unión Europea está empezando a desplazar parte del debate. Ya no se trata solamente de: «¿Puede Juan publicar esto?». Sino también de «¿Qué responsabilidad tiene la plataforma cuando su sistema amplifica masivamente determinados contenidos y genera riesgos para la sociedad o para un proceso electoral?«
Aquí nos aparecen dos fenómenos jurídicamente diferentes: La libertad del ciudadano para publicar y el el diseño y funcionamiento de la plataforma que determina cómo se distribuye y amplifica ese contenido.
La DSA reconoce precisamente que las plataformas muy grandes pueden tener un papel relevante en la configuración de la opinión y el discurso públicos y les impone obligaciones relacionadas con los riesgos sistémicos.