
Después del reciente debate entre el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición en la que, especialmente, Pedro Sánchez trató de asombrarnos con la cantidad de dinero que ha invertido a lo largo de los 8 años que lleva en el gobierno. Me surge la pregunta : ¿de quién es el dinero que mueve la economía de un país?
Sin duda: de quienes lo ganan, de quienes lo ahorran, de los que invierten y de los que lo producen.
Sin embargo, los partidos de la izquierda política ponen en práctica un modelo que hemos terminado aceptando: que el Estado debe recaudar una parte cada vez más importante de la riqueza generada por los ciudadanos y decidir posteriormente cómo distribuirla.
No se trata de cuestionar la existencia del Estado, ni de negar su responsabilidad en la prestación de servicios públicos esenciales. Se trata de establecer dónde debe encontrarse el equilibrio entre el poder económico de las administraciones y la libertad económica de los ciudadanos.
Mi planteamiento es claro: una sociedad verdaderamente libre necesita ciudadanos económicamente independientes. Y esa independencia resulta difícil de alcanzar cuando el Estado concentra una parte excesiva de los recursos que genera la sociedad.
El dinero no es solamente un instrumento de intercambio. Representa también la capacidad de tomar decisiones.
Cuando una persona trabaja y obtiene una remuneración, adquiere la posibilidad de decidir cómo utilizar el fruto de su esfuerzo: consumir, ahorrar, invertir, ayudar a sus familiares, emprender un negocio o preparar su jubilación.
Por eso, defender que el dinero permanezca en manos de los ciudadanos no significa defender el egoísmo ni negar la solidaridad. Significa reconocer que las personas deben disponer de una capacidad real para decidir sobre los recursos que generan.
La riqueza de un país no aparece en los presupuestos generales del Estado. Se genera mediante el trabajo, el conocimiento, la inversión, la innovación, el ahorro y la iniciativa de millones de personas.
Son los trabajadores; los autónomos; los agricultores, comerciantes, industriales y profesionales quienes producen bienes y servicios.
El sector público debe proporcionar entre otros, la seguridad jurídica, crear y mantener infraestructuras, la educación, sanidad, la justicia y todos aquellos servicios que permiten que la actividad económica pueda desarrollarse, pero no genera riqueza, administra los recursos que la actividad económica genera.
En España llevamos años discutiendo sobre la necesidad de aumentar los ingresos públicos para financiar el gasto de las mastodónticas administraciones. Sin embargo deberíamos plantearnos: ¿cuánto dinero podría permanecer en manos de los ciudadanos si la Administración redujera determinadas cargas fiscales y mejorara la eficiencia de su gasto?
Cada euro que una persona entrega en impuestos es un euro que deja de poder destinar directamente a sus propias decisiones económicas. Naturalmente, a cambio recibe servicios y prestaciones públicas, pero eso no elimina la necesidad de examinar cuánto se recauda, cómo se recauda y cómo se utiliza.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, la política económica española ha estado marcada por una importante intervención pública, especialmente durante la pandemia y en las posteriores medidas de apoyo a distintos sectores económicos.
La política fiscal es la prueba del nueve del modelo seguido por Sánchez. Según la OCDE, la presión tributaria española alcanzó el 37,3 % del PIB en 2023, frente al 33,9 % de media de los países de la organización.
La OCDE también ha señalado que el gasto público español necesita mejorar su eficiencia y que debe prestarse atención a la sostenibilidad de las pensiones y de las finanzas públicas.
No estamos hablando de una cuestión ideológica, sino de un efecto económico que impacta en la sociedad: ¿cuánto dinero necesita el Gobierno y cuánto dinero necesita conservar la sociedad para seguir produciendo riqueza?.
Con el pretexto de la redistribución de la riqueza, el socialismo y con él todos los partidos denominados progresistas, lo que consiguen es crear una relación entre la dependencia económica y la libertad política.
No se puede repartir indefinidamente una riqueza que no se genera. Y no se puede exigir cada vez más recursos a quienes producen sin considerar las consecuencias que ello puede tener sobre la inversión, el empleo y el crecimiento futuro.
No sería correcto afirmar que todas las decisiones económicas de estos años responden a una misma política. Pero sí resulta legítimo plantear si el modelo seguido está otorgando suficiente protagonismo a la iniciativa privada y a la capacidad económica de los ciudadanos.
Esto debería llevarnos a los españoles a preguntarnos qué sociedad es la que queremos.
¿Queremos una sociedad en la que el ciudadano trabaje fundamentalmente para financiar las necesidades crecientes de las administraciones, o una sociedad en la que el Estado cumpla sus obligaciones y permita que los ciudadanos dispongan de la mayor capacidad económica posible?
¿Queremos que el éxito dependa principalmente de la iniciativa personal, la formación, el esfuerzo y la capacidad de emprender, o que cada vez dependa más de decisiones administrativas?
¿Queremos gobiernos que compitan por ofrecer mejores condiciones para producir riqueza o gobiernos que consideren que su principal responsabilidad consiste en recaudar y distribuir?
No se trata de elegir entre Estado y sociedad, sino de comprender que el Estado existe para servir a la sociedad y no al contrario.
En contra de lo que predican desde las mas profundas ideologías de la izquierda, la libertad económica no es un privilegio de los empresarios ni una reivindicación exclusiva de quienes tienen patrimonio. Es una condición que beneficia también al trabajador que quiere ahorrar, al joven que desea emprender, a la familia que quiere adquirir una vivienda y al profesional que pretende desarrollar su propio proyecto.
Porque una sociedad no es más próspera simplemente porque su Gobierno disponga de más dinero. Es más próspera cuando sus ciudadanos tienen más oportunidades, más capacidad de decisión, más seguridad económica y más libertad para construir su futuro.
Y esa debería ser la verdadera medida del éxito de cualquier política económica: no cuánto poder económico acumula el Gobierno, sino cuánta capacidad de prosperar tienen los ciudadanos.