El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no puede gobernar sin Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Siendo como son los PGE una herramienta básica para la gobernabilidad del Estado, la cuestión es ¿por qué no están ni presentados, ni aprobados, los presupuestos Generales del Estado de los últimos años?
Sencillamente porque Sánchez no ha querido gobernar con esos presupuestos.
Si hubiera tenido la minima intención de sacarlos adelante le hubiera bastado con seguir abriendo el grifo de las concesiones.
Lo que Sánchez pretende, al gobernar sin presupuestos, es eludir el control democrático de las Cortes. Sin presupuestos, Sánchez puede desviar el dinero a las partidas presupuestarias que le convenga, y eso, le permite quitar cantidades a las partidas que no votan, como las vías del tren, o las carreteras y dárselo a quienes pueden ayudarle a permanecer en la Moncloa, separatistas y terroristas.
Los PGE obligan a gobernar democráticamente. Por eso Sánchez ridiculiza la democracia a base de ideología, convirtiendo a España en un enorme problema de convivencia y pasa olímpicamente de los PGE.
Lo que está ocurriendo en España sólo tiene dos culpables: Sánchez y el socialismo.
La actitud del Gobierno de Pedro Sánchez genera un estado de informalidad a todos los niveles de la organización del Estado.
Caben pocas dudas de cómo Sánchez ha regado de dinero a aquellos organismos o partidos políticos que le han ofrecido su apoyo, pero quizá merezca la pena repasar que es lo que ha pasado, o está pasando, con el dinero de todos los españoles.
Si hablamos de las concesiones económicas que Pedro Sánchez ha realizado tanto a Cataluña como al País Vasco para conseguir el apoyo parlamentario de ERC, de Junts, del PNV y de Bildu, hay que tener en cuenta no solo el dinero efectivamente transferido si no otros movimientos económicos como la condonación de deuda, los compromisos de inversión y las ventajas del sistema de financiación.
La principal concesión económica cuantificable a Cataluña no ha sido una transferencia de dinero efectivo, ha sido ha sido la condonación de deuda por un importe inicial de 15.ooo millones de €, elevado en 2025, a 17.104 millones de €. Esto ha supuesto para Cataluña un ahorro estimado, inicialmente, de 1.300 millones de €.
En el caso del País Vasco, la cuestión más importante es el régimen del Concierto Económico.
El País Vasco tiene un sistema de financiación diferente con un régimen fiscal propio. Euskadi paga al Estado por las competencias estatales no asumidas. Lo que se conoce como el Cupo.
Además, el País Vasco, tiene transferidas competencias y medios en relación con los trenes de cercanías. Gestiona el litoral. También se han realizado nuevas competencias en materia laboral, sanitarias y sociales. Y hay acuerdos económicos bilaterales para la actualización de relaciones financieras.
Como prueba del respeto que Pedro Sánchez tiene a la democracia, sin haber aprobado los PGE, en el pasado mes de marzo, la Comisión Mixta del Concierto Económico fijó el Cupo líquido definitivo de 2025 en unos 1.465 millones de €, según datos del Ministerio de Hacienda.
La prorroga de los PGE conlleva que las partidas de gasto e ingreso del año 2026 sean las mismas que las de 2023. Sin embargo el Gobierno ha incrementado sus ingresos por diferentes vías, como son la impositiva y los fondos económicos de la UE. Importes que le permiten manejar la economía a su antojo. Despilfarrando el dinero en aquellos temas que le resultan convenientes y privando al resto de la mínima atención presupuestaria.
Al margen de la reprochable valoración política que esto supone, las consecuencias de un uso abusivo de las cuantías económicas disponibles en asunto de interés político, es que no se ha aprovechado el dinero procedente de la UE para llevar a cabo mejoras en las infraestructuras del país.
Se ha empleado el dinero en subvencionar partidas de ayuda humanitaria a Palestina por cerca de 100 Millones de €; a Colombia-Venezuela 1.168 millones de euros para la inclusión socioeconómica en la frontera. Así hasta cerca de 2.000 millones de € que han supuesto las ayudas españolas a terceros países.
Sin embargo se ha desatendido mejorar internamente las infraestructuras ferroviarias en lineas como el Ave Madrid-Sevilla, que fue una de los proyectos emblemáticos de España en la Alta Velocidad.
Quizá debamos preguntarnos ¿y esto por qué? ¿ Por qué Pedro Sánchez prefiere subvencionar a Palestina antes de revisar las vías del tren de Madrid a Sevilla, o a cualquier otro destino nacional? Pues por que el mantenimiento de las vías del tren no votan, ni dan visibilidad. Y estas subvenciones, como las concesiones a los independentistas, si dan rentabilidad política a Sanchez y al socialismo.
Por cuestiones de pura actualidad me interesa especialmente focalizarme en el mantenimiento de la red ferroviaria de ADIF.
Entre 2018 y 2024, el gasto ferroviario en mantenimiento pasó de 726 a 1.062 millones de euros. Significando una media anual de incremento próxima al 9%. Sin embargo, desde 2023 a 2024 el aumento fue aproximadamente el 6,3 %, y en 2025 el incremento habrá sido algo próximo al 5%.
El porcentaje de crecimiento no debería llevarnos a la conclusión de si se está gastando lo correcto o no. Lo importante es determinar si es suficiente para el mantenimiento del estado en que se encuentran las vías del ferrocarril español.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la CEOE, publicó en marzo de 2026 un informe sobre la necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras en España.
Sus principales conclusiones han sido que el mantenimiento anual medio 2018-2024 es de 10.500 M€ y la inversión anual mínima estimada necesaria es de 12.000 M€, por tanto el deficit anual estimado es de 1.500 M€.
También resalta que entre 2013 y 2022 habrían sido necesarios más de 17.000 millones de euros adicionales en inversión de mantenimiento para evitar el deterioro del stock de infraestructuras.
Es claro que el informe apunta una perspectiva diferente a la del Gobierno.
Según el propio estudio del IEE el importe de las necesidades de mantenimiento de la red de ferrocarriles está próximo a los 2.900 M€, cifra sensiblemente superior a lo previsto y gastado por el Gobierno de Sánchez que se mantienen en el entorno de los 1200 m€.
La conclusión más rigurosa no es que el Gobierno no haya invertido, sino que el aumento de la inversión no ha sido suficiente para evitar el deterioro acumulado de las infraestructuras.
Después de la vergonzosa representación de Sánchez y del dimitido Oscar Puente, muchos españoles habremos llegado a la conclusión de que, al margen de la situación puesta en escena, la principal causa de los desgraciados accidentes ferroviarios no se debe a fallos humanos, sino a deficiencia en el mantenimiento de la infraestructuras españolas.
El dinero que debería haberse empleado en mejorar y mantener el nivel de nuestras estructuras se ha dedicado a partidas improductivas para el conjunto de los españoles. Y es que, en las decisiones de gasto, ha primado más el interés político y partidista de Pedro Sánchez que el bien general de España.
Al margen de las consecuencias políticas que puedan derivarse del uso indebido de los fondos europeos, el Gobierno de Pedro Sánchez, puede resultar culpable ante la justicia de la malversación de fondos y de las consecuencias de su despilfarro.
