Ante el escenario que se presenta de cara a las elecciones del 29-N, parece oportuno reflexionar sobre la convocatoria de huelga prevista por los sindicatos para el día 11-N
Nos encontramos, por una parte, con la motivación legítima de quienes hacen huelga en reivindicación de sus derechos y, por otra, con la posible utilización política de los conflictos sociales.
Es ésta última cuestión la que levanta verdaderas dudas de la convocatoria de la huelga del día 11-N, convocada por CCOO y UGT para protestar por la vivienda y los salarios, precisamente unas semanas antes de la celebración de las elecciones generales del día 29-N.
La convocatoria generan serias dudas acerca de los objetivos de los convocantes.
Abiertamente la patronal y los representantes de la oposición, cuestionan el componente político y electoral de la convocatoria.
La oportunidad de la convocatoria nos inducen a plantearnos la siguiente pregunta: ¿La huelga se convoca por los derechos de los trabajadores o por el miedo del Gobierno a perder el poder?
Si es así ¿Pueden las huelgas convertirse también en instrumentos de estrategia política, especialmente cuando un Gobierno atraviesa dificultades y se aproxima una cita electoral?
No vamos a negar que existen problemas sociales reales que pueden justificar una movilización: El acceso a la vivienda, el poder adquisitivo de los salarios, la precariedad laboral, las condiciones de trabajo en los servicios públicos y la pérdida de capacidad económica de determinados hogares son cuestiones que afectan directamente a la vida de millones de personas.
Por tanto no podemos concluir que la convocatoria carece de fundamento simplemente porque se produce en un momento políticamente delicado. Pero la cuestión fundamental es otra: ¿se busca resolver los problemas indicados, o se pretende utilizarlo para obtener una ventaja política?
Los sindicatos tienen una función constitucional y social propia. Lo que no evita que su actuación pueda tener consecuencias políticas. Las decisiones sindicales pueden beneficiar o perjudicar a un Gobierno dependiendo de a quien dirigen sus solicitudes, o sus quejas.
En el caso actual parecen existir pocas dudas de que los sindicatos y el Gobierno persiguen los mismos objetivos de cara a las próximas elecciones: generar movimientos callejeros y utilizar las reivindicaciones para ocultar el verdadero objetivo de las movilizaciones.
La idea del Gobierno es dar la vuelta a la tortilla a la vista de los malos resultados que arrojan las encuestas. La convocatoria de la huelga y el tipo de reivindicaciones anunciadas muestran que el objetivo es solo electoralista. El Gobierno está utilizando a los sindicatos y a parte de la sociedad para que escenifiquen una situación de conflicto que confunda a la sociedad por el miedo que tienen a perder las próximas elecciones.
No nos olvidemos que la huelga es sólo parte de la estrategia del Gobierno en su intento de permanecer en el poder. Por eso está jugando con todas las cartas de que dispone: intento de nacionalizar a los nietos, fomentar la inseguridad ciudadana, consentir la violencia en las calles, llegada masiva de inmigrantes.
De momento, estas son algunas de las artimañas que ha puesto en juego el Gobierno. Cabe esperar que vaya apareciendo alguna mas. De ahí que las dudas nos induzcan a sospechar si la la actuación del gobierno es democrática y constitucional.
Mi opinión es que no es democrática y dudo de si el uso de una huelga con fines partidistas por parte del Gobierno podría plantear algún problema constitucional. Habría que indagar un poco más para encontrar conductas que vulneren la Constitución, o la legislación aplicable.
Es cierto que, de momento, no nos encontramos en una situación en la que el Gobierno exprese abiertamente su apoyo a la huelga y comparta sus reivindicaciones, pero si parece que el Gobierno, si no promueve los movimientos callejeros, al menos trata de utilizarlos para favorecer sus intereses políticos. Sin importarle utilizar potestades, recursos o decisiones administrativas para fines ajenos a los legalmente previstos, vulnerando derechos fundamentales y actuando con arbitrariedad.
Actuaciones recientes como el scratch a la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, o al Presidente de Vox en Baleares, o la actuación del Delegado del Gobierno – recientemente dimitido- en relación con el asentamiento ilegal de la Puerta del Sol, incluso lo de Ceuta, son una muestra inequívoca de cómo el Gobierno está utilizando los movimientos callejeros como para distorsionar la competencia electoral, coaccionar a los ciudadanos, utilizar ilegalmente recursos públicos y restringir el derecho de los adversarios.
Estas actuaciones del Gobierno, que pretenden perjudicar a sus adversarios, serían base suficiente para plantear una vulneración de los principios de legalidad, objetividad y prohibición de arbitrariedad establecidos en nuestra Constitución.
Por el momento, identificar si el comportamiento del Gobierno es antidemocrático, o anticonstitucional, se escapa del alcance de este comentario, cuando lo que tenemos a la vista es un presidente del Gobierno capaz de cometer las mas insospechadas agresiones a España con tal de permanecer al frente del mismo.
Por eso, el punto de mira hay que ponerle en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está asustado por lo que se le viene encima. Sabe que sus días políticos están acabados y, personalmente, se encuentra en una encrucijada sin salida. Sabe que la corrupción le tiene acorralado y esto le provoca un miedo aterrador de cara su futuro inminente. ¡ Ojo! del miedo presidencial pueden surgir nuevas sorpresas.
Pedro Sánchez ha agotado todas sus posibilidades de aplazar la convocatoria de las elecciones y las ha convocado en un estado de desesperación tal que no consigue fijar las ideas de su discurso. Igual habla de la vivienda, que de los salarios, del aborto constitucional y de cualquier cosa que se le ocurre, pero es consciente de que su discurso no produce los efectos deseados. Por eso, ha vuelto a aferrarse al discurso del miedo, al que viene la derecha y nos van a quitar las pensiones. A reencarnar al franquismo como puntos fuertes de su discurso.
La realidad es que este discurso está tan agotado y que oírlo reiteradamente produce el efecto contrario. Más de ocho millones de españoles ya no se disgustan por que le llamen fachas, ni porque les señalen como herederos del franquismo. Al revés, los que tienen cierta edad y han tenido la oportunidad de conocer épocas anteriores, se cuestionan si esta democracia que nos vende el socialismo, es lo que todos esperábamos.
Pedro Sánchez es plenamente consciente de lo que está haciendo y de cual puede ser su final cuando salga del gobierno. La prioridad, o su principal preocupación, es salvar a su mujer, a su hermano y a la tropa de borregos que le secundan en el PSOE.
Sin preocuparle, de momento, de que si se demostrase que el Gobierno utiliza sus potestades públicas con una finalidad partidista incompatible con los fines legalmente previstos, la cuestión dejaría de ser exclusivamente política y podría adquirir relevancia constitucional y jurídica.
Pero su batalla al día de hoy es por salvar el pellejo suyo y de su familia. En lo institucional no le importa lo que quede detrás. Es mas. Cuanto peor quede España después de su salida, mas razones va a tener para atacar a los gobiernos sucesivos.
