Una vez mas los sesgos en la interpretación de los pronunciamientos de la Justicia nos presentan un panorama poliédrico en el que cada uno puede ver satisfechas sus pretensiones.
La sentencia el TJUE en relación con la ley de amnistía permite al independentismo vender como una victoria política, lo que, tan sólo, es y luego explicaremos, una victoria jurídica.
Antes de continuar conviene precisar que la ley de amnistía, en ningún caso, puede considerarse una victoria, sino que fue un instrumento para encubrir la derrota que supuso el golpe de estado de 2017.
Debemos esperar, a conocer con mas en detalle, las circunstancia que han rodeado a la decisión del TJUE para tener una idea real que nos permita razonar la misma.
Después de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenó en octubre de 2019 al vicepresidente Oriol Junqueras, junto a los exconsejeros como Raul Romera, Dolores Bassa y otros. La universidad Autónoma de Barcelona (UAB), haciendo uso de su politización independentista, rechazó la condena a los golpistas del 1-O por considerarlos «presos políticos», en un manifiesto, en el que, entre otras lindezas, decía que «la universidad siempre ha sido un espacio autónomo respecto del poder económico y político. Un espacio de libertad de creación y de pensamiento, y de estímulo de actitudes críticas.» y, en el mismo manifiesto, pedía a la sociedad catalana, en momentos como los que está pasando, la observación de estos principios y valores que nos obliga a un compromiso firme y activo y sostenido con la defensa de los valores democráticos.
En prueba de su autonomía respecto del poder económico y político la UAB, sin sospechar la trascendencia de las cuestiones prejudiciales que los tribunales españoles habían elevado a Luxemburgo sobre sus dudas que la ley de amnistía podría tener sobre la compatibilidad con las reglas de la UE, decidieron investir doctor honoris causa al presidente del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE), el belga Koen Lenaerts, haciendo uso de un olfato oportunista sin parangón.
La investidura se llevó a cabo el 7 de julio del año pasado en una ceremonia celebrada en la sala del Rectorado de la UAB, bajo el apadrinamiento de Gregori Garzón, catedrático de derecho internacional público y titular de la Cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho de la UE.
No faltaron los agradecimientos del rector de la UAB, Javier Lafuente acerca de la labor del Lenaerts sobre «los valores fundacionales que dotan de identidad a la Unión Europea». Y, por su parte, el presidente del TJUE, resalto valores europeos que relacionó con el talante de la ciudad de Barcelona, que es la «viva expresión de una metrópolis cosmopolita, plural y tolerante» que «encarna como pocas el espíritu europeo«.
En Europa se había designado a Spielmman para analizar las objeciones de la ley de amnistia, designación que había levantado bastantes suspicacias por entender que Spielmman, autor de una sentencia sobre la doctrina Parot, por la que puso en la calle en 2013 a sesenta terroristas de ETA, tenia una sensibilidad especial sobre el tema independentissta.
Aunque el informe de Spielmman no era vinculante para el TJUE es indudable que el tribunal debía encontrar razones muy poderosas para contravenir lo recogido en el informe de Spielmman. Como así ha sido
Hace unos días la sala del TJUE, ha avalado la Ley de amnistía del 1-O al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea, en respuesta a las cuestiones prejudiciales que los tribunales españoles enviaron a Luxemburgo.
El propio Koen Lenaerts participó en las deliberaciones, siendo uno de los 15 magistrados que integran la Gran Sala del TJUE. Además, leyó personalmente la propia resolución.
No es mi propósito navegar por los preceptos del pronunciamiento del TJUE, que habrá profesionales mas duchos en la materia que meterán el bisturí para comentar los aspectos mas técnicos de la pronunciación de Tribunal Europeo.
Quiero quedarme en dos aspectos. El primero es cómo desde Cataluña se ha instrumentalizado el dictamen del TJUE, siempre con el beneplácito del Gobierno de España y la segunda, las consecuencias que representa la mencionada resolución al verdadero conflicto independentista de Cataluña.
La lectura de la sentencia del TJUE ha despertado interpretaciones de todos los gustos. Para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el fallo del tribunal de Luxemburgo respalda su apuesta para pacificar el conflicto. Los independentistas consideran que es una victoria política y que da continuidad al proceso secesionista. No han faltado los ilusos, como Jordi Turrul, que ha señalado que la sentencia del TJUE «era una victoria para Cataluña, para el independentismo y para Junts.»
En el mejor de los casos se trata de una victoria jurídica, pero políticamente quedan muchos flecos por resolverse. Para los cuales es precisa la intervención de los tribunales españoles tanto de la Audiencia Nacional, como el Tribunal Supremo y, con absoluta probabilidad, el Tribunal Constitucional.
Desde el punto de vista político habrá que ver como los independentistas aceptan el veredicto en base a los beneficios que puedan derivarse para los Oriol y Puigdemont y de las futuras relaciones con Pedro Sánchez.
Y los votantes independentistas seguirán engañándose de que se trata de una victoria. Pero realmente la cuestión secesionista no avanza ni un paso con esta sentencia. Viene a poner un parche en la cara de algunos individuos pero no repone el fracaso que supuso la declaración de independencia del Sr. Puigdemont