Después de mas de 40 años de democracia, uno piensa que tiene bastante experiencia para identificar lo que ha supuesto el cambio democrático en nuestro País y las cuestiones de que adolece la democracia española.
La democracia en si, no es ni buena, ni mala. Que sea buena o mala lo determina el uso que se hace de ella.
La democracia es un sistema de organización del Estado basado en que el pueblo es soberano. Este concepto sugiere algunos matices que yo no voy a abordar aquí. Simplemente mencionar que, una vez consolidados los valores de Estado de Derecho, Sufragio universal, Pluralismo político, Separación de poderes y Derechos humanos, aparecen determinados vicios del sistema que merece la pena echarles un vistazo.
Personalmente creo que el desarrollo democrático de un país varía mucho de quien tenga la oportunidad de planificar la organización. Dependiendo de su interpretación determinará el grado democrático y de calidad del mismo.
Dicho esto no tengo intención de filosofar acerca de si el pueblo es soberano y la democracia es el poder del pueblo, o no. Ya se han escrito ríos de tinta, cada uno tratando de llevar el agua a su molino, y no hay manera de encontrar donde están las bondades y los defectos de la democracia como forma de gobierno.
Fin de filosofar.
A mi me parece que nuestra democracia necesita una oportuna revisión. El paso de los años y el abuso del significado de democracia han desbordado alguno de los márgenes de nuestro Estado de Derecho.
Quiero centrarme en algunas cuestiones, leyes incluidas, que deberían de cobrar una modificación, incluida la propia Constitución Española.
La primera de las cuestiones que debe mantenerse es la Monarquía como forma de gobierno, siendo el Rey de turno el jefe del Estado.
¿Alguien puede imaginarse a Jose Luis Rodriguez Zapatero, o a Pedro Sánchez como Presidente de la República?.
Un Rey no puede ser fruto de los votos. Es una carrera que se aprende desde la infancia. Los votos condicionan.
Al jefe del Estado debe dotársele de la facultad de convocar elecciones cuando el presidente del gobierno no presente los Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma.
Otra de las cuestiones, es el alcance del sentido de gobernación. El hecho de ostentar la presidencia del Gobierno, fruto de los votos del pueblo, no debe ser una oportunidad para cambiar los pilares del Estado, sus principios, ni sus instituciones. Son muchos los temas y muy importantes los que le corresponden al Gobierno de turno, como para que se enrede en maniobrar las instituciones que conforman las estructuras del Estado.
Por eso la CE debería de poner limites a determinadas colonizaciones de las instituciones. Las instituciones del Estado deben ser independientes y formar parte del funcionamiento básico del Estado, sin que ningún gobierno pueda viciarlas o manipularlas.
Otro asunto de verdadera importancia es la composición de la Cortes Españolas. Creo que sobra una de las cámaras. En este caso, el Senado, como ha ocurrido en otras épocas de nuestro constitucionalismo.
El número de representantes en la única cámara debería de limitarse a de 300 diputados. O algo parecido.
La representación en el Congreso debería alcanzarse después de doble vuelta del proceso electoral. Evitando la atomización de partidos que comercian sus votos por ver si se habla el catalán, o salen los presos a la calle.
El vencedor de la segunda vuelta será el encargado de formar gobierno.
La conformación de un parlamento centrado en los problemas del Estado redundaría en beneficio de las mayorías democráticas. Al jefe del Estado se le debería dotar de determinadas facultades de intervención en las Cortes, siempre que su funcionamiento no obedeciera comportamientos ajustados a la CE.
Los políticos actuales tienen la oportunidad de encauzar los problemas políticos creados por la timorata decisión de la CE respecto a dos temas : la representación territorial y el concepto de nacionalidad de las comunidades autónomas.
La deriva que están llevado esos temas se ha convertido en un problema central que afecta a la convivencia diaria. Tanto desde Cataluña como desde el País Vasco se chantajea la necesidad del Presidente del Gobierno, de permanecer al frente del mismo, retorciendo la CE con discursos inaceptables que deberían ruborizar al propio Gobierno de la nación. Estas minorías condicionan la marcha del país, sin ostentar una mínima representación a nivel nacional.
La delegación de competencias del Gobierno en las autonomías, disminuyen el poder del Estado. Son muchos los temas de interés general que no deberían estar en manos de cada autonomía. Por ejemplo la Sanidad, La Hacienda, Las fuerzas de orden ( Erzaintza, Mozos de Escuadra).
Esta debilidad del Estado se hace patente cuando ocurren tragedias como la tristemente conocida Dana en Valencia, en la que Gobierno y la CA se echan los trastos unos a otros, tratando de confundir al personal.
Sería bueno para los españoles, especialmente para los grupos políticos mas significativos, perder el miedo a lo que digan determinadas CCAA.
Desde mi punto de vista ha quedado evidenciado que el interés por convertir las CCAA en nacionalidades es un error de tal magnitud que es imposible llevarlo a cabo, por mas que se estire del concepto federalista.
Ya no es, que no es poco, el derroche de dinero que se está empleando en forzar ese tema, es que la perdida de tiempo que se lleva empleado despista las iniciativas que deberían de ocupar la primera prioridad de nuestros objetivos.
Como se ha dicho, el gobierno debe ser elegido democráticamente. Debe verse limitado en la capacidad de modificar las estructuras del Estado. Debe asumir las competencias de los asuntos de interés general y debe tener la capacidad de gobernar sin bloqueos de partidos minoritarios.
Supongo que el lector habrá percibido que estos comentario conducen a la implantación de un modelo de gobierno democrático apoyado en un fuerte compromiso y responsabilidad del gobierno central, lo que yo denomino una dictadura democrática.