La evolución de la política en España desde 2015 ha transformado el Parlamento, pasando de ser un espacio de debate a un escenario de polarización afectiva donde se rebate al rival político no solo con argumentos, sino que se le deslegitima y se le ve como una amenaza para la democracia.
En los últimos diez años hemos visto como el bipartidismo de finales de siglo pasado ha dado paso a una «nueva política». A partir de ahí se ha disparado la tensión verbal de los parlamentarios convirtiendo las «acusaciones cruzadas» en el eje de los debates.
Varios han sido los acontecimientos que han coadyuvado a la fragmentación parlamentaria: la Crisis Catalana, con el referéndum unilateral de 2017, la moción de censura que desmonta a Mariano Rajoy y lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa, con el apoyo de partidos independentistas y la consiguiente constitución de un Gobierno de Coalición con Podemos, que fragmenta el hemiciclo en dos bloques irreconciliables.
A ello podemos completar con la gestión de la pandemia del COVID-19 y los estados de alarma que se debatieron bajo acusaciones mutuas de «autoritarismo» e «irresponsabilidad criminal».
A lomos de esa fragmentación, la polarización desbordó los limites de las Cortes y se trasladó a las instituciones judiciales (bloqueo del CGPJ) y a las leyes de contenido identitario, o penal.
Tras las elecciones de 2023, las discusiones en el Congreso de los Diputados ya no dejaron de debatir sobre eficiencia económica, impuestos o derechos sociales, las cuestiones se desplazaron hacia la legitimidad democrática y moral del adversario.
Desde la oposición se acusa al Gobierno de traición a la Patria y venta de la soberanía; de los pactos con Bildu y ERC; de la Ley de amnistía. Incluso, se le acusa de ilegitimidad y mentira, calificándole de Gobierno Frankentein, o ilegitimo.
Por parte del Gobierno y sus socios, se acusa al PP de alianza con la extrema derecha y fascismo, de lawfare y de golpismo Judicial y mediático, achacándole el bloqueo Constitucional.
Indudablemente esta nueva forma de hacer política con un enfrentamiento permanente entre los dos grandes grupos políticos, tiene unas consecuencias que se observan en el comportamiento del parlamento.
El uso de la Moción de Censura, como herramienta de desgaste, ha aumentado considerablemente pasando de 3 mociones en los últimos 35 años, a 5 presentadas desde 2017.
El uso del «Y tu mas», pasa de ser una estrategia de debate a un cuestionamiento de la legitimidad democrática del rival. La producción legislativa se basa en unas votaciones rígidas aprobadas de manera ajustada.
Estas consecuencias evidencian un tono en el hemiciclo con abundantes insultos personales, llamadas al orden y retiradas del diario de sesiones, que elevan a España a los puestos de cabeza de la polarización europea.
La cuestión es ¿Por qué se rompió aquel modelo de finales de siglo?
Tres factores explican el cambio en el debate:
1. El fin del «Pacto de la Transición». En los años 80 y 90, la gran mayoría de los diputados compartía una misma narrativa: el éxito de la Transición y el respeto escrupuloso a la Constitución de 1978 como marco de convivencia.
A partir de 2015, con la irrupción de nuevas fuerzas parlamentarias, ese consenso saltó por los aires. Para unos, el sistema del 78 está «agotado» o es un «candado» a reformar; para otros, cualquier intento de modificarlo o pactar con quienes lo cuestionan es una «traición».
2. De la ideología a la identidad. A finales del siglo pasado, el PP y el PSOE se peleaban por ver quién gestionaba mejor la economía, la sanidad o el empleo. Hoy, las acusaciones se centran en la identidad y los valores. Es lo que se conoce como la «guerra cultural». Ya no se discute tanto si una ley presupuestaria es eficiente, sino si el partido de enfrente es democrático, o representa una amenaza para los derechos de los ciudadanos.
3. El impacto de la tecnología y los incentivos mediáticos. En los 90, el canal de comunicación del Parlamento eran los telediarios nocturnos y la prensa escrita del día siguiente. Hoy, el Congreso funciona bajo la lógica de las redes sociales.
Si el parlamentarismo de finales del siglo pasado funcionaba como un péndulo donde el poder oscilaba de izquierda a derecha compartiendo unas reglas del juego comunes.
El parlamentarismo de hoy, funciona como un choque de trenes donde las acusaciones ya no buscan desgastar la gestión del Gobierno, sino dinamitar los puentes con el adversario.
Para comprender mejor este parlamentarismo de trinchera no se podemos dejar fuera la cuestión de la inviolabilidad parlamentaria. El artículo 71 de la Constitución Española establece que los diputados y senadores no pueden ser perseguidos legalmente (ni penal ni civilmente) por las opiniones o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Esto, en esencia, es un escudo absoluto. Es una, si no la más importante, de las razones que deberían moldear el comportamiento y el tono de los políticos dentro de las Cortes, y, sin embargo, es la cortina que protege a los diputados para que digan lo que les viene en gana, sin preocuparse por las consecuencias.
La inviolabilidad nació históricamente para garantizar que un diputado pudiera hablar sin miedo a que el Gobierno de turno lo metiera en la cárcel por criticarlo. Sin embargo, en el contexto actual, genera un doble comportamiento muy marcado.
Dentro del Congreso, los parlamentarios lanzan acusaciones de extrema gravedad (como acusar a un ministro de «prevaricar», «hacer apología de delitos graves» o «cometer traición») que jamás se atreverían a pronunciar en una rueda de prensa fuera de la cámara. Saben que un ciudadano común —o ellos mismos fuera de las Cortes— acabaría inmediatamente ante un juez por un delito de injurias o calumnias. Esta prerrogativa actúa como un catalizador de la polarización como comentábamos antes. Fuera de los muros del Parlamento, el escudo desaparece.
Tribunal Supremo ha dejado claro, en su jurisprudencia, que la justicia ordinaria no puede entrar a juzgar lo que se dice en un Pleno o una Comisión. Los jueces no pueden admitir a trámite querellas por lo que se habla en el Parlamento. El Supremo ha establecido que el control de los excesos verbales corresponde única y exclusivamente a la Presidencia de la Cámara. Lo que en muchas ocasiones, bajo la tolerancia de la Presidenta, las sesiones se convierten en un circo, sin payasos, o con ellos.
Existe otra cuestión que provoca una de las frustraciones más compartidas por los ciudadanos y los analistas políticos es el desarrollo de las sesiones de Control al Gobierno.
Lo que teóricamente nació como el mecanismo democrático, por excelencia, para que el poder ejecutivo rinda cuentas ante los representantes del pueblo, se ha convertido en un espectáculo que muchos consideran un desprecio al interés general.
El fenómeno de «preguntar una cosa y responder otra completamente diferente» no es un fallo aleatorio del sistema, sino una estrategia perfectamente calculada. En sistemas parlamentarios como el del Reino Unido (el Prime Minister’s Questions), el tono es feroz, pero el presidente de la cámara (The Speaker) tiene la potestad de exigir a un ministro que responda a la pregunta concreta si se está desviando descaradamente.
En España, la Presidencia del Congreso, históricamente, se limita a controlar el tiempo y el orden público (que no haya gritos excesivos), pero no entra a valorar la calidad o la veracidad de las respuestas. Como el Gobierno sabe que su permanencia la de la Presidenta-depende de los votos de sus socios de investidura y no de la satisfacción de la oposición en esa sesión, no hay ningún incentivo real ni penalización institucional por no contestar.
Las sesiones de control han dejado de ser un instrumento de control democrático para convertirse en un escenario de autoficción política. La oposición no pregunta para saber, sino para desgastar; y el Gobierno no responde para informar, sino para defenderse y contraatacar.
De esta manera el interés real del ciudadano por conocer los detalles de una ley, el destino de unos fondos, o la solución a un problema social queda sepultado bajo una montaña de argumentarios partidistas que desvirtúan la propia democracia.