El nivel de cabreo de gran parte de los españoles está alcanzando cotas que no podían imaginarse unos años atrás. Da igual el tema de que se trate. El resultado casi siempre es el mismo. Ante evidencias como la invasión de Ceuta el Gobierno pretende hacernos comulgar con ruedas de molino. No hay día en que no se produzca alguna circunstancia que provoque indignación y cabreo y que nos induzca a apagar la televisión.
Además de Pedro Sánchez y su gobierno, gran parte de la culpa, de esta indignación, la tienen algunos medios de comunicación. Que insistentemente se convierten en paladines del Gobierno. Haga lo que haga. Todo resulta aceptable para estos medios de publicidad.
Una práctica del Gobierno y del resto de los partidos políticos de la izquierda española es inseminar en la sociedad el concepto de relatividad en la valoración de cualquier circunstancia o acontecimiento.
Este afán de que «todo depende» está haciendo que desaparezcan de nuestras conciencias conceptos básicos como la justicia, la honradez, el compromiso, la educación. Según este discurso del progresismo mal entendido, nada es lo que es. Todo es relativo.
El objetivo del Gobierno es provocar una confusión en la sociedad para que se dude de los convencimientos mas arraigados, incentivando que la convivencia se convierta en una critica permanente sobre los más elementales principios. Todo tiene mil aristas. Cada cual puede elegir la suya para opinar y discutir. Con ello se pretende crear una moral diferente a la establecida.
En este proceso de relativizar todo lo que nos rodea ¿Puede un Gobierno invocar la legitimidad democrática para cuestionar a las instituciones que, precisamente, están llamadas a controlar el ejercicio de su poder?
La cuestión no es si el Gobierno puede criticar a un juez, discrepar del Rey o defenderse de una acusación. Puede hacerlo dentro de los límites legales. La cuestión es si la reiteración de esos enfrentamientos, especialmente cuando afectan a investigaciones que comprometen políticamente al Ejecutivo, termina debilitando la confianza en las instituciones.
Cuando desde el Gobierno se cataloga de sectarias a instituciones como la Justicia y se condenan ciertas decisiones judiciales, lo que se está haciendo es utilizar la democracia para romper a la democracia.
Hay razones mas que suficientes para asegurar que nos encontramos ante la deslegitimación de la instituciones con intereses partidistas.
Bastaría con analizar determinados comportamientos del Ejecutivo para comprobar como contribuyen a relativizar los principios y valores de la Constitución Española (CE), especialmente la separación de poderes, la independencia judicial, la responsabilidad de los gobernantes y la posición constitucional de la Corona, cuando les parece menester.
La justicia y la independencia judicial
Artículos 1.1 y 117 CE, establece que La justicia es un valor superior del ordenamiento. Los jueces deben ser independientes y estar sometidos únicamente al imperio de la ley.
Recientemente se han producido nuevos enfrentamientos públicos entre miembros del Gobierno y el poder judicial.
Concretamente el pasado día 14 de septiembre, Félix Bolaños inició una vía judicial contra el juez Juan Carlos Peinado tras el archivo de una queja relacionada con su interrogatorio como testigo en el caso de Begoña Gómez. El ministro, además de plantear la queja, cuestionó públicamente la actuación del magistrado y la posterior respuesta del órgano de gobierno de los jueces.
Al día siguiente, Óscar Puente acusó a jueces del Tribunal Supremo de comprometer su imparcialidad, en relación con una resolución sobre el derecho al voto de nuevos ciudadanos. La portavoz del Gobierno respaldó públicamente su posición.
Tanto en uno como en otro caso, resulta evidente que los ministros no pretenden formular criticas referentes a los argumentos jurídicos concretos, lo que se pretende es trasladar el conflicto al terreno de la deslegitimación institucional y expulsar las causas de los tribunales a las tertulias vecinales.
La Monarquía parlamentaria
Artículos 1.3 y 56 CE establece que La Corona es parte de la forma política del Estado y el Rey es símbolo de su unidad y permanencia.
La crítica a la institución monárquica está amparada por la libertad de expresión, pero su posición constitucional no puede tratarse como si fuera una cuestión que el Ejecutivo pudiera modificar unilateralmente. Ni siquiera debería el Presidente del Gobierno manifestar su ataque a la Monarquía en los términos de uno de sus últimos comentarios asegurando que la mejor Monarquía fue la de la II República.
Es legítimo defender su reforma o incluso su sustitución por otra forma, siempre que sea recurrida, o cuestionada, jurídicamente mediante los procedimientos constitucionales correspondientes. No es lo mismo promover una reforma que ignorar o tratar de vaciar de contenido el marco vigente por un deseo de fracasado republicanismo.
Sometimiento a la leyes
Artículo 9.1 y 9.3 CE establece que El Gobierno no está por encima del ordenamiento jurídico. La Constitución establece la legalidad, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Sin embargo son continuos los pronunciamientos del Gobierno en el que el respeto por las leyes se convierte en un juego de trileros.
Pluralismo político
Artículos 1.1 y 66.2 CE establece que La democracia no consiste únicamente en ganar unas elecciones. También exige pluralismo político, control parlamentario y respeto a las reglas que limitan el poder de la mayoría.
Tomando como muestra las bochornosas sesiones de control en el parlamento es fácil comprobar la falta de respeto del Gobierno ante la oposición, al no contestar las preguntas que oportunamente se les dirigen, evitando el democrático derecho de la oposición, y de los ciudadanos, a conocer el por qué de las decisiones del Gobierno.
La defensa del Estado de Derecho
Un Gobierno tiene legitimidad democrática, pero esa legitimidad no es ilimitada. La Constitución no es únicamente el instrumento que permite acceder al poder, sino también el conjunto de reglas que impiden ejercerlo arbitrariamente.
Sin embargo el Gobierno está demostrando su poco compromiso con la CE y la defensa del Estado de Derecho. La legitimación democrática no puede ser base para invocar una resolución que favorece al Gobierno como una manifestación del Estado de Derecho y desconsiderarla cuando la resolución le perjudica.
La Justicia puede equivocarse, y sus decisiones pueden ser recurridas. La Monarquía puede ser objeto de crítica y de propuestas de reforma. Ninguna institución democrática está exenta de debate. Pero el cuestionamiento de sus actuaciones no debe convertirse en una estrategia para erosionar su legitimidad, especialmente cuando sus decisiones resultan incómodas.
La cuestión no es que el Gobierno discrepe de las instituciones. La contradicción es que las respete cuando le resultan favorables y les niega legitimidad cuando sus decisiones le perjudican.
No es posible utilizar la Constitución Española a conveniencia. La Constitución Española no fue concebida para proteger a los gobernantes de las consecuencias de sus actos, sino para garantizar que el ejercicio del poder esté sometido a unas reglas comunes.
Cuando desde el Gobierno se pretende bloquear determinados procesos que afectan a su entorno y se ataca a las instituciones que deben controlar su actuación, es obligado que nos preguntemos ¿que podemos hacer?
En un anterior comentario titulado LA DICTADURA DEMOCRÁTICA hacíamos hincapié en lo necesario que es modificar la CE para preservar la independencia de las Instituciones.
Hoy nos encontramos en una situación de verdadera trascendencia. Criticar una resolución es legítimo; pero otra cosa es presentar a los tribunales como enemigos políticos. Denunciar que condenan una decisión judicial, como la apertura del juicio del Jurado a la esposa del Presidente es un claro ataque a la independencia judicial que plantea un problema institucional.
